Generalmente cuando ocurre un desastre se realiza una evaluación de daños sean ellos humanos y materiales. Pero ciertamente referidos a los daños provocados directamente por el desastre. Y generalmente tendiente a lograr una recuperación en el breve plazo.
Sin embargo queda pendiente el tema de las consecuencias económicas que derivan de toda tragedía, y que se traducen siempre en indemnizaciones. Aún cuando los montos de esas indemnizaciones se conocen varios años después de ocurrido el desastre, y siempre luego de un juicio.
Recordemos algunos ejemplo cercanos, la tragedía del Estero Minte en donde fueron cayendo uno a uno vehículos en un socavon que se produjo por la intensa lluvia. La caída de la Pasarela en la Avenida España de Valparaíso en el año nuevo de ya hace algunos años; el accidente de los mineros de la mina San José que ciertamente tendrá consecuencias económicas, lo mismo que el incendio de la cárcel de San Miguel.
El derrame de petróleo de una nave en Antofagasta, que entre parentesís aún tiene inconvenientes por el uso de los informes que se presentaron. El acopio de material peligroso en la ciudad de Arica y vamos sumando.
Otros desastres el derrame del Golfo de México, el hundimiento del Prestige que lleva ya cerca de 10 años en juicio, y de todos los derrames de petroleo que se han provocado.
Allí se ventilan indemnizaciones por el daño moral, el daño emergente, el daño al medio ambiente y el daño material provocado. Y las sumas no son pequeñas.
En el accidente de la cárcel pienso que las indemnizaciones pueden tener un valor superior a los 5 mil millones de pesos. Lo ocurrido ahora con la persona que fue maltratada por carabineros va a tener también una repercusión económica importante. Piense solamente en el daño moral.
Los gobiernos debieran trabajar en una estrategia destinada a prevenir los accidentes graves en los cuales se les pueda imputar responsabilidad, en las acciones de sus funcionarios públicos y en general protegiendo los recursos del Estado. Creo que no basta que el CDE, se encuentre todo el tiempo enfrentando a los ciudadanos que han sufrido una acción del Estado y por la cual reclaman indemnizaciones, debiera existir una prevención anterior.
Asi como se hace un Balance de las acciones que el Gobierno ha desarrollado o cualquiera otra organzaición, debiera tambien conocerse la cantidad de dinero que cada año el Estado se ve obligado a pagar como indemnizaciones, cualquiera sea su naturaleza. Creo que todo el mundo se sorprendería. No se debe esperar que Wikileaks haga todo el trabajo.
Invertir en prevención es el trabajo que se debe desarrollar. pero esa inversión debe ser muy fiscalizada. La idea tampoco es llegar y llevar.
Prevenir es el verbo que se debe conjugar.
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